Desde que el gobierno federal decidió afrontar al crimen organizado en 2006 y la consecuente escalada de violencia que vive nuestro país ha cambiado en muchos sentidos la manera en que nos hemos acostumbrado a vivir y el miedo parece ser generalizado. Pero además del combate al crimen se recrudeció otra manifestación de violencia, la de la desaparición forzada, la del propio Estado lanzándose en contra de la población que debe proteger.
Las desapariciones forzadas se hacían presentes en las dictaduras latinoamericanas y en nuestro país en la década de los setentas, generalmente por cuestiones políticas y recientemente, a la vinculación de personas con grupos delictivos. Pero la constante es la misma, se trata del Estado que, deliberadamente y en un ambiente de impunidad utiliza sus recursos e instituciones para borrar de la faz de la tierra a una persona sin que exista una responsabilidad por parte de las autoridades. La diferencia radica en que en la actualidad, las desapariciones parecen motivadas por el efecto del crimen organizado que por afinidades políticas y que se presentan entre agentes del Estado contra particulares (desaparición forzada) y grupos delictivos contra particulares (desaparición).
En fechas recientes se dio a conocer que el estado de Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, las notas periodísticas consigan el descubrimiento de fosas clandestinas y una saturación del servicio forense estatal que impide dar atención y respuesta a los familiares de las víctimas. ¿Qué se puede hacer al respecto? En Hagamos creemos que la problemática que padecemos pude tener su origen en la desigualdad que se ha marcado en las últimas décadas y que detona conductas ilegales, la espiral de violencia sigue en aumento y rebasa la capacidad del Estado para responder a algo que simplemente nadie había estado preparado. La respuesta podría estar en el fortalecimiento de las instituciones y en reducir las condiciones de desigualdad que prevalecen en la mayoría de la población. Y para todo esto se requiere sensibilidad, coordinación y voluntad política. Algunos apuntes pueden ir en los siguientes puntos:
En el Poder Legislativo se encuentran tres leyes en torno a la desaparición y sus víctimas, desgraciadamente los legisladores omitieron el diálogo con los familiares de los desaparecidos para el proceso de hechura de las leyes. Apelar a la sensibilidad de quienes se encargan de diseñar el marco jurídico y escuchar los reclamos de quienes buscan respuestas y justicia puede contribuir a una serie de instrumentos legales consensuados y legitimados, la propia legislación estatal estipula figuras de participación social como el parlamento abierto que pueden aprovecharse. También puede analizarse el papel de organismos como la CEDHJ, el IJCF y las dependencias del Poder Ejecutivo para propiciar acciones vinculares, coordinación y fortalecimiento institucional. En la discusión del presupuesto de egresos para el siguiente año se notará el interés del Congreso en la materia.
En el Poder Ejecutivo existe un gran esfuerzo en la materia que puede mejorarse, la configuración de la Administración Pública Estatal nos habla de una intención por impulsar agendas en beneficio de la población específicamente en reducir la desigualdad y ampliar las libertades individuales, pero existen asignaturas pendientes en la Fiscalía que, si bien es autónoma del Ejecutivo estatal, tiene una vinculación fuerte, basta recordar (siempre es necesario recordar) lo ocurrido el 5 de junio pasado, las acciones que se anunciaron y lo que en verdad sucedió. También es necesario seguir diseñando políticas públicas con perspectiva de género y atendiendo a la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos. De nuevo, la coordinación y la sensibilidad son fundamentales para un gobierno efectivo.
También es necesario voltear a ver a los gobiernos locales, los verdaderos responsables de dotar de servicios básicos y que actúan como el primer contacto del ciudadano con el gobierno. Los ayuntamientos deben jugar un papel preponderante en la atención de los problemas de la población y ejecutar políticas públicas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas, construcción de comunidad y cultura de paz. El artículo 115 apunta a que sean precisamente los gobiernos municipales los encargados de la seguridad pública, pero sin equipamiento, capacitación y dignificación de la figura de autoridad poco o mucho se puede hacer.
El problema de las desapariciones es mucho más complejo que lo anterior, tiene causas diversas que hacen imposible encontrar una solución y que sea completamente efectiva. Pero también es inadmisible que siga faltando alguien, que incluso sea el propio Estado, cuya razón de existir reposa en proteger la vida de la población esté involucrado en estas acciones que no hacen sino dañarnos a todos.
O que sea la población la que siga atacando a los suyos y persista la impunidad, el miedo y la impotencia por el eterno reclamo de justicia. Hagamos adopta como uno de sus principios la igualdad, que nos sitúa a todos en el mismo punto y debe procurar al menos, las mismas condiciones para que cada uno de nosotros construya su camino en la vida. La igualdad nos ata unos a otros y nos obliga a vivir en sociedad y procurarnos el bienestar, la igualdad libera y dignifica, la igualdad obliga a la responsabilidad compartida de protegernos, de indignarnos y de actuar cuando la injusticia acecha.
Salvador Carrillo García