Mes: septiembre 2020

El derecho de las mujeres a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la interrupción del embarazo, está inscrito en los estándares internacionales sobre derechos humano, mismos que México suscribió y entre los que se encuentran: la salud, la intimidad y la no discriminación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) recomienda al Estado que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal.

Las decisiones de las mujeres en materia reproductiva no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos anatómicos y biológicos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad.

En 2018, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin excepción alguna, casos de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.

Este solo marcó un primer paso en el país, a pesar de que en la Ciudad de México y en Oaxaca las mujeres tienen acceso a la interrupción legal del embarazo, aún quedan pendientes de crear políticas públicas en otros treinta estados a lo largo del país que garanticen el derecho a decidir de las mujeres.

Seguramente el tema del aborto, legal, seguro y gratuito será de amplio debate durante los próximos años pero debe hablarse de una realidad: muchas mujeres no tienen opciones, es decir, existen mujeres que tienen acceso a servicios de salud integrales en todos los sentidos y con ello, a ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos; y por otro lado, hay mujeres que no pueden hacerlo porque no tienen recursos materiales ni simbólicos, y hablamos entonces de una brecha de desigualdad que el Estado tiene la obligación de cerrar mediante la creación de políticas públicas acompañadas de acciones afirmativas en este sentido.

Según el Observatorio de Mortalidad Materna en México, durante el 2016, 8.6% de mujeres mexicanas fallecieron a causa de la realización de un aborto. Desgraciadamente esta cifra siempre tendrá un sesgo ya que no están contabilizados los abortos que se realizan en la clandestinidad, mucho menos sus consecuencias y es justo de ese punto de donde debemos partir.  En México la interrupción legal del embarazo no se puede abordar desde nuestros prejuicios y perspectivas personales, se debe abordar desde la salud pública, la salud integral para las mujeres y la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. 

Valeria Ávila
@avila93_

• La diputada Mara Robles y el diputado Enrique Velázquez aceptaron presentar la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas que pretende regular la Designación de Cargos públicos.

En rueda de prensa llevada a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco, la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz, acompañada del Diputado Enrique Velázquez, la Diputada Mara Robles y el presidente de la Agrupación Política Hagamos, Ernesto Gutiérrez, anunció la presentación de la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas ante el pleno del congreso del Estado, misma que consiste en reformar la Constitución Política del estado de Jalisco, la Ley orgánica del Poder Legislativo y algunos marcos normativos secundarios, con el fin de acabar con las cuotas partidistas y abrirle la puerta a procesos de Designaciones Públicas más transparentes y democráticos.

Por la falta del Consejo General de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, tomando en cuenta la elección en puerta de 9 magistrados, y ante la poca claridad y disposición para instalar el Consejo que permite hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana en Jalisco, la Diputada Mara Robles y el Diputado Enrique Velázquez aceptaron la propuesta de Iniciativa de Ley promovida por la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz para que pueda tener un proceso de discusión y en su caso sea aprobada por el bien de las y los jaliscienses.

La Iniciativa de Ley para la Designación de Cargos Públicos contempla los siguientes 10 puntos:

1. No habrá designaciones, sin cumplir requisitos.

La iniciativa plantea que, si no se cumplen los requisitos constitucionales o de la convocatoria, el procedimiento debe declararse desierto y deberá reponerse.

2. Abrirle la puerta a más jaliscienses.

Se identificó que son casi siempre las mismas personas quienes participan en los procesos de designación. Para solucionarlo se propone un registro digital de aspirantes que abra la puerta a personas del interior del estado.

Lo cual generaría una mayor posibilidad de encontrar profesionistas de mejores competencias y detonaría una participación ciudadana suficiente.

3. Observación ciudadana permanente.

La Iniciativa contempla que la participación de personas o instituciones observadoras no sean una opción, sino parte obligada de todas las designaciones. Esto contribuye de manera profunda a que estos procesos se sometan a la máxima transparencia.

4. Involucramiento del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAC).

El CPS ha sido un organismo de eficacia y autonomía probadas, por eso, al igual que la observación ciudadana la iniciativa contempla su participación permanente en estos procesos; esto además de aportar claridad de lineamientos y confianza, puede contribuir a la consolidación del SEAC.

5. Creación de un catálogo claro y preciso.

Se establecerá de manera técnica un listado en sintonía con la Constitución local en cuanto a sus atribuciones soberanas en las designaciones del Legislativo.

Esto facilitará entender cada uno de los cargos, sus características propias y sobre todo hará más accesible la consulta de los procedimientos.

6. Creación de una convocatoria base para todas las designaciones.

Uno de los problemas actuales es que, cada vez que se debe designar un cargo, se debe construir una convocatoria nueva, con criterios originales. Esta propuesta implica que siempre tengan los mínimos elementos en todas, y se establezca una estructura homogénea para definir una ruta a la que se deberán de circunscribir.

7. Procedimiento único.

La claridad y el orden que aporta esta iniciativa al visibilizar un solo procedimiento en el Congreso del Estado tiene por efecto generar certeza jurídica para la ciudadanía, para las y los legisladores, así como para quienes participan de las convocatorias.

8. Evaluaciones con rigor metodológico.

Los mecanismos de evaluación son indispensables, por ello esta iniciativa los contempla, los incluye en todas las designaciones y establece que, al ser distintos entre sí los requerimientos y características de cada cargo, se deberá hacer un análisis profundo sobre las necesidades técnicas y de aptitud. Todo lo anterior con la participación de instituciones educativas y de certificación de evaluaciones.

9. Vinculación y armonización de la Constitución con las normas.

Uno de los problemas actuales es la poca certeza que brinda la escasa vinculación normativa.

Esta iniciativa corrige ese problema y genera armonización vertical y horizontal, generando así más confianza y solidez en la aplicación de los procedimientos de designación, desde la legalidad en el origen se fortalece la estructura legislativa.

10. Parlamento abierto.

Se solicitará que esta propuesta se abra a la participación de las y los jaliscienses a través de plataformas de parlamento abierto, no solo para recibir propuestas, sino para propiciar el intercambio de argumentos, piedra angular de la vida en democracia.