El derecho de las mujeres a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la interrupción del embarazo, está inscrito en los estándares internacionales sobre derechos humano, mismos que México suscribió y entre los que se encuentran: la salud, la intimidad y la no discriminación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) recomienda al Estado que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal.
Las decisiones de las mujeres en materia reproductiva no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos anatómicos y biológicos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad.
En 2018, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin excepción alguna, casos de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.
Este solo marcó un primer paso en el país, a pesar de que en la Ciudad de México y en Oaxaca las mujeres tienen acceso a la interrupción legal del embarazo, aún quedan pendientes de crear políticas públicas en otros treinta estados a lo largo del país que garanticen el derecho a decidir de las mujeres.
Seguramente el tema del aborto, legal, seguro y gratuito será de amplio debate durante los próximos años pero debe hablarse de una realidad: muchas mujeres no tienen opciones, es decir, existen mujeres que tienen acceso a servicios de salud integrales en todos los sentidos y con ello, a ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos; y por otro lado, hay mujeres que no pueden hacerlo porque no tienen recursos materiales ni simbólicos, y hablamos entonces de una brecha de desigualdad que el Estado tiene la obligación de cerrar mediante la creación de políticas públicas acompañadas de acciones afirmativas en este sentido.
Según el Observatorio de Mortalidad Materna en México, durante el 2016, 8.6% de mujeres mexicanas fallecieron a causa de la realización de un aborto. Desgraciadamente esta cifra siempre tendrá un sesgo ya que no están contabilizados los abortos que se realizan en la clandestinidad, mucho menos sus consecuencias y es justo de ese punto de donde debemos partir. En México la interrupción legal del embarazo no se puede abordar desde nuestros prejuicios y perspectivas personales, se debe abordar desde la salud pública, la salud integral para las mujeres y la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Valeria Ávila
@avila93_