Los Poderes Legislativos en México, tanto el Congreso General (Senado y Cámara de Diputados) y los congresos locales cumplen funciones de representación, de legislación y de control, con respecto a la configuración de un Estado.
Por mandato constitucional, dentro de las funciones de control se encuentran las designaciones públicas que constitucionalmente deben nombrarse para cubrir diversos cargos de gran relevancia para la vida política, administrativa y jurisdiccional del país.
En este sentido, el pasado mes de junio, el Congreso de Jalisco designó a tres de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura local. Proceso que prometía ser transparente y eficiente.
La convocatoria demostró una gran voluntad de la Comisión de Seguridad y Justicia al establecer un procedimiento claro, donde por mandato constitucional intervino el Comité de Participación Social y las universidades de mayor prestigio. El proceso tenía como finalidad, generar las herramientas de evaluación, necesarias y justas, para la óptima selección de los nuevos integrantes del Consejo.
Sin embargo, la acción del poder legislativo dejó en evidencia sus verdaderos intereses; donde las condiciones políticas prevalecieron sobre las capacidades técnicas.
A partir de estos antecedentes y criterios arbitrarios, surgió de nuevo un tema integrado en la llamada “Reforma Anticorrupción 2.0”. En ésta, se define la necesidad de legislar en materia de designaciones públicas en el Estado de Jalisco.
La Mtra. Rosa Imelda Hernández Muñoz y Hagamos (entonces agrupación política), dieron a conocer la alternativa legislativa denominada #SinCuatesNiCuotas. Donde se propone ordenar los procesos de designaciones del poder legislativo local. Al hablar de una nueva Ley de Designaciones Públicas se manifiesta la necesidad de conformar un cuerpo normativo independiente, eficiente, técnico y con óptimos resultados.
No obstante, estamos a punto de vivir un nuevo proceso de designaciones relativas al Poder Judicial. Se emitieron tres convocatorias para elegir a cinco magistradas y cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como a un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura.
Hoy, la legislatura tiene la oportunidad, por este proceso en marcha, de subsanar sus deficientes actuaciones. Evitar críticas y revuelos; como lo ha sido la autorización de deuda pública para el ejecutivo del estado o las constantes acusaciones al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de defender sus propios intereses.
La sociedad está observando. Las decisiones en la oscuridad y de madrugada son vigiladas. Las y los jaliscienses estamos atentos al ejercicio de quienes ocupan cargos públicos; sus vicios y virtudes. El mensaje es claro, deben elegir a los mejores perfiles con base en los méritos; la participación ciudadana va aumentando, y más allá de la aspiración a algún cargo público, exigimos procesos limpios, transparentes y rendición de cuentas.
Jesús Alberto López Peñuelas.