Mes: diciembre 2022

Rechazamos el uso excesivo y discrecional del poder por parte del Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, por silenciar la crítica, criminalizar la protesta social en contra de los que pelean a favor de los espacios públicos, como Iconia, y usar al poder judicial como herramienta de intimidación y castigo.

El desarrollo inmobiliario Puerta Guadalajara/Iconia se construye de manera ilegal en un predio que el ayuntamiento de Guadalajara adquirió en 1980 y originalmente se destinaría para crear un parque municipal. Vecinos se han opuesto a la privatización del espacio público, siendo perseguidos por la autoridad estatal.

La arremetida contra activistas, dada a conocer por medios de comunicación, en plena temporada navideña no habla más que de un deseo de venganza antes que de justicia y la urgente necesidad de mantener los privilegios y ganancias de los intereses inmobiliarios que han crecido durante el gobierno alfarista: cientos de ciudadanos luchan contra la privatización de espacios públicos, la pérdida de áreas naturales y la precarización de la vivienda, el gobierno de Enrique Alfaro, lejos de velar por la población jalisciense, se ha rendido ante las órdenes de inversionistas a los que les sigue entregando la ciudad en un acto irresponsable. No solo eso, sino que también usa todo el poder a su alcance para acallar a sus críticos y amedrentarlos con la prisión.

Hagamos exige que estos ataques cesen de manera inmediata y que se deje de usar la estructura del estado en contra de ciudadanos jaliscienses que, en uso de sus derechos constitucionales, han manifestado sus posturas en contra de políticas de vivienda que claramente afectan a la calidad de vida de los habitantes en detrimento del derecho humano a un buen entorno.

Finalmente, no permitiremos que se siga persiguiendo y usando la justicia de manera selectiva y, en caso de ser necesario, emprenderemos acciones legales para dar acompañamiento y apoyo a quienes sufren esta situación de asedio e intimidación por órdenes del gobernador del estado.

ATENTAMENTE

HAGAMOS

Hagamos lamenta el pobre papel del Poder Judicial del Estado de Jalisco que hoy llega a su informe de actividades y busca esconder la crisis institucional que atraviesa.

Jalisco se encuentra en uno de sus momentos más delicados en cuanto a seguridad y justicia y el desempeño del Poder Judicial, a cargo de Daniel Espinosa Licón, parece más de complacencia y sometimiento al gobernante que de cumplimiento a sus obligaciones constitucionales.

El Poder Judicial de Jalisco se encuentra en su peor momento con bajos índices de efectividad, ubicándose entre las cinco entidades federativas con mayor impunidad, pues sólo se atiende al 18% de los casos ingresados, presentándose un rezago de casi el 99% que sugieren más de cien mil casos a los que simplemente no se les garantizará el acceso a la justicia. Más lamentable aun cuando el propio magistrado presidente ha aceptado este rezago y no ha emprendido acciones para abatirlo o al menos abordarlo.

De igual manera este poder constitucional es uno de los que presentan más atraso en la implementación de Tecnologías de la Información y el Conocimiento de todo el país. A pesar de que el magistrado presidente Espinosa Licón prometió que lo llevaría a la vanguardia tecnológica, la modernización del sistema judicial sigue pendiente aun cuando se sigue presupuestando grandes sumas de recursos sin que se presenten buenos resultados. La promesa de que en 5 meses se digitalizarían la mayoría de los procesos no sólo no se ha cumplido, sino que parece que el esfuerzo radica en postergar lo más posible la modernización de las plataformas de colaboración judicial, salas de videoconferencia, telepresencia, bibliotecas virtuales, notificaciones digitales, juicios en línea, turnos electrónicos, publicación digitalizada de del boletín judicial, libretas electrónicas. Esta promesa nos ha costado tiempo y ha abonado al rezago, pues, representa más de cien millones de pesos del erario y cinco millones de dólares por parte del Consulado Americano que simplemente no se ven reflejados en los juzgados o la práctica judicial.

También hemos denunciado malos manejos en la asignación de magistrados que, sin los procesos de que la ley exige, han ocupado sus cargos de manera arbitraria y opaca. Resulta sorprendente que en un estado donde la impunidad aumenta se busca la lealtad antes que la capacidad, donde un Poder Judicial que debe ser independiente y contrapeso hostiga, criminaliza y abandona a sus trabajadores con tal de complacer al gobernador.

Hagamos continuará denunciando estos hechos y exigiendo al Poder Judicial que eleve sus miras para estar a la altura que las circunstancias y la población jalisciense le reclaman.

ATENTAMENTE

HAGAMOS.

Nuevamente Movimiento Ciudadano y sus aliados en el Congreso de Jalisco buscan repartirse cargos en el Poder Judicial mediante trampas y claras violaciones a la Constitución del Estado. Repitiendo sus reprobables acciones en los procesos de selección del SEAJAL, ITEI y CEDHJ, el partido del gobernador intenta imponer una persona en la dirección del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) violando flagrantemente la Constitución del Estado además de repartirse cinco magistraturas.

En una sorpresiva sesión, el Congreso aprobó una convocatoria para renovar al Director del IJA dejando de lado algunos de los principios de elegibilidad que están claramente especificadas en la Constitución como la aplicación de exámenes de control y confianza, limitando la participación del Comité de Participación Social y reduciendo los tiempos en el proceso, lo que derivará en una designación apresurada, sin el análisis suficiente ni la transparencia o participación de otros actores.

La misma práctica de repartirse cargos bajo la lógica de cuates y cuotas se espera en la designación de tres nuevos magistrados en el lapso de este mes y el siguiente.

Hagamos ha denunciado en todos los procesos anteriores que el gobernador, a través de sus diputadas y diputados busca imponer personas afines a él y acabar con los contrapesos y voces críticas con el fin de sostener su proyecto político electoral y garantizar el silencio y la sumisión como sello de gobierno, todo a costa incluso del texto constitucional. Nuevamente intenta esto con sus aliados, en sesiones y procedimientos exprés, sin consenso, sin análisis y con la única urgencia de complacer al gobernante.

Exigimos que estas acciones cesen y se privilegien procesos orientados a que las personas más aptas para los cargos sean las que finalmente los ocupen. Basta de usar estos espacios como premios a una lealtad personalísima y de sometimiento e intrusión a otros poderes e instituciones.

Atentamente

HAGAMOS.