Medio ambiente sí, negocio no

Hagamos se opone tajantemente a la forma en la que el Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, ha estado usando el Programa de Verificación Vehicular para engañar a la ciudadanía con un falso discurso medioambiental, pero con un enorme negocio para la empresa proveedora, Worldwide Environmental Products, que ha sido beneficiada por parte de la administración alfarista.

El engaño surge desde que el gobernador da a conocer el programa en junio de 2022 y no da a conocer que la empresa tendrá un contrato por casi 15 años, y se estima que la ganancia será de alrededor de 3 mil millones de pesos, dato que vino de investigaciones periodísticas y no de la rendición de cuentas que un programa de esta magnitud requiere. Le sigue a lo anterior, el reparto desproporcionado del cobro de cada verificación que se irá a los bolsillos de la empresa, pues de los 500 pesos que cada jalisciense gastará en pagar la verificación, el proveedor se quedará con 140 pesos más IVA.

El tema va más allá, personas usuarias se han quejado de fallas en el proceso, a tal grado que una cantidad considerable de vehículos que buscan la verificación son rechazados sin que existan razones para hacerlo, lo que obliga a sus dueños a reagendar en varias ocasiones, generando sospechas y falta de confianza el programa y la calidad de servicio del proveedor.

Dado lo anterior, y que solo 106 pesos se destinan al Fondo Verde, sin transparencia y sin un plan de inversión verde, es que sostenemos que la prioridad de este gobierno con la verificación no es el cuidado del medio ambiente de la ciudad, sino el negocio y la recaudación que solo afecta a la ciudadanía golpeada por la inflación, mientras que, en otros estados del país, como Nuevo León, Nayarit, Colima y Yucatán, este servicio es gratuito.

Por otro lado, desde el anuncio del programa las autoridades afirmaron que el estado no contaba con la suficiente infraestructura para hacerle frente al parque vehicular del AMG, ¿qué nos hace pensar que en la actualidad ya se cuenta, si tan solo en los últimos dos años han abierto 3 nuevos Centros de Verificación Responsable (CVR)? ¿Por qué el gobierno iniciará las multas para quienes no han verificado si no puede garantizar la cobertura, certeza, precio y utilidad en el proceso de verificación?

Finalmente, en nuestro partido reiteramos la oportunidad de negocio privado que el gobierno ha usado, con una bandera medioambiental que ha ignorado durante prácticamente toda la gestión que sigue corriendo. En próximos días anunciaremos una serie de acciones a realizar y mejoras al programa de verificación para que sea en verdad responsable para todas las personas.

Atentamente

HAGAMOS

EXIGIMOS LIBERTAD PARA LOS TRES ESTUDIANTES QUE SON PRESOS POLÍTICOS EN JALISCO

En Jalisco están presos tres estudiantes por ejercer su derecho a la manifestación y en Hagamos exigimos su liberación inmediata. Es inadmisible que quienes se enfrenten a gobiernos autoritarios y a los intereses inmobiliarios terminen en prisión como parte de un mecanismo del poder contra la disidencia.

Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encuentran en prisión, formaron parte de manifestaciones junto con vecinos de la zona de Huentitán en Guadalajara con el fin de defender el carácter público de un parque en el que se pretende llevar a cabo un desarrollo inmobiliario conocido como “Iconia”.

La construcción de este parque fue decretada en 1980 por el Congreso del Estado de Jalisco y en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara, incumpliendo el decreto anterior, firmó un convenio con una empresa privada para el desarrollo de torres de departamentos a cambio de obras públicas para la ciudad que, desde entonces, no han sido entregadas en su totalidad. Los plazos de cumplimiento han vencido sistemáticamente sin que las empresas tengan responsabilidad, y en varios gobiernos municipales, se ha renegociado con los particulares, por encima del bien público. Incluyendo a Enrique Alfaro en 2016.

Ante esto, vecinos y estudiantes interesados se manifestaron pacíficamente en 2021. Su manifestación implicó reforestar el lugar, informar a personas vecinas, acampar en los alrededores y mantener una protesta pacífica. Posteriormente fueron desalojadas las personas manifestantes con lujo de violencia y comenzó un proceso legal en su contra.

El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos dictó prisión preventiva a estos tres estudiantes bajo las presiones en contubernio con el gobernador Enrique Alfaro, mismo que ha declarado una guerra política, comprobable en medios y sus acciones, en contra de la Universidad de Guadalajara y sus integrantes. La medida es desproporcionada, basada en la mentira de presencia de armas, y un abuso de la medida cautelar que ataca el principio de presunción de inocencia; además hay elementos para considerar que el juez implicado tiene conflictos de interés al estar casado con quien fungiera como síndica del Ayuntamiento de Guadalajara y que fue señalada por estos mismos estudiantes por el caso Iconia.

El componente político de esta detención es evidente y es producto del reparto de cuotas y cuates en el poder legislativo, por parte de una mayoría servil a Enrique Alfaro. Desde Hagamos nos hemos pronunciado desde nuestra consolidación como partido político local en Jalisco en favor de la autonomía de los poderes, la selección por cualificación de quienes integran el poder judicial, la libertad de manifestación y el derecho a la oposición.

Por eso hoy, nuevamente, exigimos la libertad inmediata de Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas; así como una revisión de la pertinencia de su juzgador. ¡Libertad para los estudiantes presos políticos, ya!

Atentamente

HAGAMOS.

Exigimos la liberación inmediata de estudiantes encarcelados

Exigimos a las autoridades estatales la liberación inmediata de los universitarios Francisco Javier Armenta Araiza, José Alexis Rojas Umazor e Iván Ilich Cisneros González, a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa.

Esta medida es desproporcionada y demuestra un abuso en el proceso judicial que se les imputa.

Criminalizar la libre expresión y la protesta pacífica es un exceso que se suma al dominio y sometimiento al poder judicial, que hoy se presta a las venganzas del gobernador.

La denuncia en contra de este gobierno ha ido en aumento y muchas voces son las que queremos que se deje de criminalizar la protesta social que no hace otra cosa que delatar las arbitrariedades del ejecutivo estatal y sus aliados.

No más persecución a la protesta civil.  Exigimos un Jalisco libre.

Atentamente

HAGAMOS