LEY DE DESIGNACIONES PÚBLICAS ¡YA!

Los Poderes Legislativos en México, tanto el Congreso General (Senado y Cámara de Diputados) y los congresos locales cumplen funciones de representación, de legislación y de control, con respecto a la configuración de un Estado.

Por mandato constitucional, dentro de las funciones de control se encuentran las designaciones públicas que constitucionalmente deben nombrarse para cubrir diversos cargos de gran relevancia para la vida política, administrativa y jurisdiccional del país.

En este sentido, el pasado mes de junio, el Congreso de Jalisco designó a tres de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura local. Proceso que prometía ser transparente y eficiente.

La convocatoria demostró una gran voluntad de la Comisión de Seguridad y Justicia al establecer un procedimiento claro, donde por mandato constitucional intervino el Comité de Participación Social y las universidades de mayor prestigio. El proceso tenía como finalidad, generar las herramientas de evaluación, necesarias y justas, para la óptima selección de los nuevos integrantes del Consejo.

Sin embargo, la acción del poder legislativo dejó en evidencia sus verdaderos intereses; donde las condiciones políticas prevalecieron sobre las capacidades técnicas.

A partir de estos antecedentes y criterios arbitrarios, surgió de nuevo un tema integrado en la llamada “Reforma Anticorrupción 2.0”. En ésta, se define la necesidad de legislar en materia de designaciones públicas en el Estado de Jalisco.

La Mtra. Rosa Imelda Hernández Muñoz y Hagamos (entonces agrupación política), dieron a conocer la alternativa legislativa denominada #SinCuatesNiCuotas. Donde se propone ordenar los procesos de designaciones del poder legislativo local. Al hablar de una nueva Ley de Designaciones Públicas se manifiesta la necesidad de conformar un cuerpo normativo independiente, eficiente, técnico y con óptimos resultados.

No obstante, estamos a punto de vivir un nuevo proceso de designaciones relativas al Poder Judicial. Se emitieron tres convocatorias para elegir a cinco magistradas y cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como a un consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura.

Hoy, la legislatura tiene la oportunidad, por este proceso en marcha, de subsanar sus deficientes actuaciones. Evitar críticas y revuelos; como lo ha sido la autorización de deuda pública para el ejecutivo del estado o las constantes acusaciones al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de defender sus propios intereses.

La sociedad está observando. Las decisiones en la oscuridad y de madrugada son vigiladas. Las y los jaliscienses estamos atentos al ejercicio de quienes ocupan cargos públicos; sus vicios y virtudes. El mensaje es claro, deben elegir a los mejores perfiles con base en los méritos; la participación ciudadana va aumentando, y más allá de la aspiración a algún cargo público, exigimos procesos limpios, transparentes y rendición de cuentas.

Jesús Alberto López Peñuelas.

No ser agresor es la única opción: La 3 de 3 contra la violencia de género.

Es innegable el incremento de la violencia de género que enfrentamos desde hace varios años en el país. A causa del COVID-19, este fenómeno se ha agravado durante el confinamiento por la pandemia.

En este escenario y de cara a las elecciones del año entrante, mismo que estará caracterizado por una mayor participación política de las mujeres, activistas y colectivas feministas han dado una lucha persistente por la defensa y respeto de nuestros derechos humanos y políticos. Es por ello que han impulsado una iniciativa llamada “3 de 3 contra la violencia de género, aprobada por unanimidad el pasado 28 de octubre por el consejo general del INE.

La propuesta establece los lineamientos para que en el proceso electoral 2020- 2021 quienes deseen aspirar a un cargo de elección popular deban firmar un escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesten que no han sido sentenciados o condenados por ser deudoras de pensión alimenticia, tampoco por ser acosadores sexuales y agresores en cualquier modalidad y tipos de violencia por razones de género.

Estos lineamientos deben ser cumplidos por los partidos políticos a nivel federal para el proceso electoral del 2021 con el objetivo de garantizar que las personas que lleguen al poder no sean violentadoras.  La iniciativa busca que no sean las mismas personas que acosan, agreden, violentan e incumplen con sus responsabilidades alimenticias en lo privado, quienes legislen y tomen decisiones  sobre asuntos públicos con perspectiva de género y de derechos humanos a favor de mujeres ,niñas, niños y adolescentes. ¿Una persona que no respeta ni promueve  los derechos humanos en la vida privada, podrá defenderlos y actuar correctamente en lo público desde su posición?

Las cifras por violencia de género en el país son aterradoras. En México de enero a septiembre del año 2020 se han abierto 166,810 carpetas de investigación por delitos de violencia familiar (4,879 más que en el mismo periodo de 2019). Por delitos de violación sexual, 12,241 carpetas de investigación, lo que significa que 44 mujeres son violadas diariamente. Y no podemos callar que 11 mujeres a diario son  víctimas de feminicidio según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 2016, reveló que 43.9% de las mujeres en nuestro país sufren violencia de pareja, además de que tres de cada cuatro hijos de padre y madre separados no reciben una pensión alimenticia.

Estas cifras corresponden solo a aquellas personas que han decidido denunciar, lo cual indica que el número real de agresiones y violencia contra las mujeres es mayor, pues el 88.4% de las mujeres que según la (ENDIREH) han sido víctimas de agresión por género no presenta denuncia, indicando que las cifras anteriores corresponden solamente al 11.6% de las mujeres que han denunciado.

Si bien la 3 de 3  es un gran avance para la erradicación de la violencia de género, aún falta mucho por lograr. Empezar por garantizar la congruencia de quienes ejercen el poder y están al frente de las instituciones, es un acto de justicia para todas aquellas que han sido víctimas de violencia en todos su tipos y modalidades. Es un acto para acabar con la impunidad, la revictimización y combatir la violencia de género.

Jalisco y el país requieren de personas al servicio público y de una ciudadanía comprometidos con la defensa de la igualdad de género en el ámbito público y privado. Se debe exigir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que estos mismos lineamientos de la 3 de 3 contra la violencia de género sean aprobados en Jalisco. Por ello es importante que los partidos políticos locales se sumen y adopten estos lineamientos  para la selección de sus candidaturas.

Las mujeres y niñas jaliscienses merecemos vivir en un estado donde podamos sentirnos seguras y tener un disfrute amplio de nuestros derechos. El Estado está obligado a actuar con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar las afectaciones y garantizar así la igualdad, la no discriminación y la no violencia. Y para esto, no ser agresor será la única opción.

Voluntariado ¡Hagamos que nuestra voz se escuche!

En el partido político local Hagamos saldremos a las calles a realizar un sondeo en todo el estado, para dialogar con todas las personas y conocer sus necesidades y problemas que requieren atención y que han pasado los años y siguen sin ser resueltos.

Para hacer posible esta actividad es necesaria la participación de personas que sean totalmente voluntarias sin ninguna retribución, pero contando con todos los elementos necesarios para la aplicación del sondeo en todo Jalisco; saldrán a cada municipio, cada colonia y cada calle a realizar un sondeo para conocer la realidad de las diversas regiones.

El sondeo se aplicará de lunes a viernes iniciando el 12 de octubre, en la plataforma de Google forms. Además, se realizará una capacitación para explicar la mecánica del sondeo, armar brigadas de trabajo, entregar kits de higiene, presentar el plan de actividades.

Sabiendo las condiciones actuales por la pandemia COVID-19 se guardarán las medidas necesarias de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial además de contactar a las distintas autoridades en el estado pidiendo seguridad para el voluntariado en la aplicación casa por casa.

Si te interesa mejorar las condiciones de tu comunidad, te invitamos a participar en este sondeo como parte del voluntariado, puedes registrarte en el siguiente link www.hagamosjalisco.mx/voluntariado y Hagamos que nuestra voz se escuche.

En HAGAMOS nos pronunciamos en contra de la iniciativa Pin parental.

Guadalajara, Jalisco a 15 de octubre de 2020

COMUNICADO

A la opinión pública:

En HAGAMOS nos pronunciamos en contra de la iniciativa Pin parental presentada por el diputado Gustavo Macías Zambrano del  Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Jalisco el día 14 de octubre, esta iniciativa  vulnera y viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, al pretender condicionar el ejercicio del derecho a la información y educación sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de madres, padres y personas que ejercen la tutela, creando y reproduciendo una niñez en desigualdad de condiciones.

 Esta iniciativa no solo atenta contra el interés superior de la niñez prevista en el artículo 4° constitucional cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de sus necesidades, sino que vulnera los derechos humanos de las infancias de Jalisco, Existiendo además diversos pronunciamientos al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quienes formamos parte de HAGAMOS respetamos y defendemos los derechos humanos, partiendo de un principio de iguales condiciones para todas y todos, por lo que nos posicionamos a favor de la niñez y respeto de sus derechos humanos.

Hablar de PIN parental es hablar de un retroceso a los derechos humanos de las infancias, lo que traería consigo graves consecuencias sobre la salud y bienestar de este sector considerado como vulnerable; hablamos de niños, niñas y adolescentes que por la falta de información y educación sexual podrían llegar a tomar decisiones basadas en información errónea o sesgada. El incremento de violencia y abuso sexual, aumento en las cifras de embarazo infantil, adolescente y juvenil, enfermedades de transmisión sexual, acoso escolar, discriminación, homofobia, entre otras muchas conductas que vulneran la dignidad humana, podrían ser consecuencias que veríamos reflejadas en nuestra sociedad.

Esta medida se opone a la construcción de una sociedad informada y responsable. Es por ello que atenta contra el derecho a una educación de calidad, el derecho a la información y el derecho que niñas y niños tienen a la salud, específicamente en este caso a la educación sexual, así como a una vida libre de violencias y discriminación.

En HAGAMOS reiteramos nuestro compromiso en velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin importar la condición, HAGAMOS que en Jalisco los derechos humanos se respeten, garanticen y protejan.

La despenalización de nuestros derechos.

El derecho de las mujeres a servicios integrales de salud reproductiva, incluida la interrupción del embarazo, está inscrito en los estándares internacionales sobre derechos humano, mismos que México suscribió y entre los que se encuentran: la salud, la intimidad y la no discriminación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) recomienda al Estado que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal.

Las decisiones de las mujeres en materia reproductiva no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos anatómicos y biológicos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad.

En 2018, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin excepción alguna, casos de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.

Este solo marcó un primer paso en el país, a pesar de que en la Ciudad de México y en Oaxaca las mujeres tienen acceso a la interrupción legal del embarazo, aún quedan pendientes de crear políticas públicas en otros treinta estados a lo largo del país que garanticen el derecho a decidir de las mujeres.

Seguramente el tema del aborto, legal, seguro y gratuito será de amplio debate durante los próximos años pero debe hablarse de una realidad: muchas mujeres no tienen opciones, es decir, existen mujeres que tienen acceso a servicios de salud integrales en todos los sentidos y con ello, a ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos; y por otro lado, hay mujeres que no pueden hacerlo porque no tienen recursos materiales ni simbólicos, y hablamos entonces de una brecha de desigualdad que el Estado tiene la obligación de cerrar mediante la creación de políticas públicas acompañadas de acciones afirmativas en este sentido.

Según el Observatorio de Mortalidad Materna en México, durante el 2016, 8.6% de mujeres mexicanas fallecieron a causa de la realización de un aborto. Desgraciadamente esta cifra siempre tendrá un sesgo ya que no están contabilizados los abortos que se realizan en la clandestinidad, mucho menos sus consecuencias y es justo de ese punto de donde debemos partir.  En México la interrupción legal del embarazo no se puede abordar desde nuestros prejuicios y perspectivas personales, se debe abordar desde la salud pública, la salud integral para las mujeres y la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. 

Valeria Ávila
@avila93_

Será presentada ante el pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas.

• La diputada Mara Robles y el diputado Enrique Velázquez aceptaron presentar la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas que pretende regular la Designación de Cargos públicos.

En rueda de prensa llevada a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco, la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz, acompañada del Diputado Enrique Velázquez, la Diputada Mara Robles y el presidente de la Agrupación Política Hagamos, Ernesto Gutiérrez, anunció la presentación de la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas ante el pleno del congreso del Estado, misma que consiste en reformar la Constitución Política del estado de Jalisco, la Ley orgánica del Poder Legislativo y algunos marcos normativos secundarios, con el fin de acabar con las cuotas partidistas y abrirle la puerta a procesos de Designaciones Públicas más transparentes y democráticos.

Por la falta del Consejo General de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, tomando en cuenta la elección en puerta de 9 magistrados, y ante la poca claridad y disposición para instalar el Consejo que permite hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana en Jalisco, la Diputada Mara Robles y el Diputado Enrique Velázquez aceptaron la propuesta de Iniciativa de Ley promovida por la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz para que pueda tener un proceso de discusión y en su caso sea aprobada por el bien de las y los jaliscienses.

La Iniciativa de Ley para la Designación de Cargos Públicos contempla los siguientes 10 puntos:

1. No habrá designaciones, sin cumplir requisitos.

La iniciativa plantea que, si no se cumplen los requisitos constitucionales o de la convocatoria, el procedimiento debe declararse desierto y deberá reponerse.

2. Abrirle la puerta a más jaliscienses.

Se identificó que son casi siempre las mismas personas quienes participan en los procesos de designación. Para solucionarlo se propone un registro digital de aspirantes que abra la puerta a personas del interior del estado.

Lo cual generaría una mayor posibilidad de encontrar profesionistas de mejores competencias y detonaría una participación ciudadana suficiente.

3. Observación ciudadana permanente.

La Iniciativa contempla que la participación de personas o instituciones observadoras no sean una opción, sino parte obligada de todas las designaciones. Esto contribuye de manera profunda a que estos procesos se sometan a la máxima transparencia.

4. Involucramiento del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAC).

El CPS ha sido un organismo de eficacia y autonomía probadas, por eso, al igual que la observación ciudadana la iniciativa contempla su participación permanente en estos procesos; esto además de aportar claridad de lineamientos y confianza, puede contribuir a la consolidación del SEAC.

5. Creación de un catálogo claro y preciso.

Se establecerá de manera técnica un listado en sintonía con la Constitución local en cuanto a sus atribuciones soberanas en las designaciones del Legislativo.

Esto facilitará entender cada uno de los cargos, sus características propias y sobre todo hará más accesible la consulta de los procedimientos.

6. Creación de una convocatoria base para todas las designaciones.

Uno de los problemas actuales es que, cada vez que se debe designar un cargo, se debe construir una convocatoria nueva, con criterios originales. Esta propuesta implica que siempre tengan los mínimos elementos en todas, y se establezca una estructura homogénea para definir una ruta a la que se deberán de circunscribir.

7. Procedimiento único.

La claridad y el orden que aporta esta iniciativa al visibilizar un solo procedimiento en el Congreso del Estado tiene por efecto generar certeza jurídica para la ciudadanía, para las y los legisladores, así como para quienes participan de las convocatorias.

8. Evaluaciones con rigor metodológico.

Los mecanismos de evaluación son indispensables, por ello esta iniciativa los contempla, los incluye en todas las designaciones y establece que, al ser distintos entre sí los requerimientos y características de cada cargo, se deberá hacer un análisis profundo sobre las necesidades técnicas y de aptitud. Todo lo anterior con la participación de instituciones educativas y de certificación de evaluaciones.

9. Vinculación y armonización de la Constitución con las normas.

Uno de los problemas actuales es la poca certeza que brinda la escasa vinculación normativa.

Esta iniciativa corrige ese problema y genera armonización vertical y horizontal, generando así más confianza y solidez en la aplicación de los procedimientos de designación, desde la legalidad en el origen se fortalece la estructura legislativa.

10. Parlamento abierto.

Se solicitará que esta propuesta se abra a la participación de las y los jaliscienses a través de plataformas de parlamento abierto, no solo para recibir propuestas, sino para propiciar el intercambio de argumentos, piedra angular de la vida en democracia.

EL ESTADO ANTE LAS DESAPARICIONES.

Desde que el gobierno federal decidió afrontar al crimen organizado en 2006 y la consecuente escalada de violencia que vive nuestro país ha cambiado en muchos sentidos la manera en que nos hemos acostumbrado a vivir y el miedo parece ser generalizado. Pero además del combate al crimen se recrudeció otra manifestación de violencia, la de la desaparición forzada, la del propio Estado lanzándose en contra de la población que debe proteger. 

Las desapariciones forzadas se hacían presentes en las dictaduras latinoamericanas y en nuestro país en la década de los setentas, generalmente por cuestiones políticas y recientemente, a la vinculación de personas con grupos delictivos. Pero la constante es la misma, se trata del Estado que, deliberadamente y en un ambiente de impunidad utiliza sus recursos e instituciones para borrar de la faz de la tierra a una persona sin que exista una responsabilidad por parte de las autoridades. La diferencia radica en que en la actualidad, las desapariciones parecen motivadas por el efecto del crimen organizado que por afinidades políticas y que se presentan entre agentes del Estado contra particulares (desaparición forzada) y grupos delictivos contra particulares (desaparición).

En fechas recientes se dio a conocer que el estado de Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, las notas periodísticas consigan el descubrimiento de fosas clandestinas y una saturación del servicio forense estatal que impide dar atención y respuesta a los familiares de las víctimas. ¿Qué se puede hacer al respecto? En Hagamos creemos que la problemática que padecemos pude tener su origen en la desigualdad que se ha marcado en las últimas décadas y que detona conductas ilegales, la espiral de violencia sigue en aumento y rebasa la capacidad del Estado para responder a algo que simplemente nadie había estado preparado. La respuesta podría estar en el fortalecimiento de las instituciones y en reducir las condiciones de desigualdad que prevalecen en la mayoría de la población. Y para todo esto se requiere sensibilidad, coordinación y voluntad política. Algunos apuntes pueden ir en los siguientes puntos: 

En el Poder Legislativo se encuentran tres leyes en torno a la desaparición y sus víctimas, desgraciadamente los legisladores omitieron el diálogo con los familiares de los desaparecidos para el proceso de hechura de las leyes. Apelar a la sensibilidad de quienes se encargan de diseñar el marco jurídico y escuchar los reclamos de quienes buscan respuestas y justicia puede contribuir a una serie de instrumentos legales consensuados y legitimados, la propia legislación estatal estipula figuras de participación social como el parlamento abierto que pueden aprovecharse. También puede analizarse el papel de organismos como la CEDHJ, el IJCF y las dependencias del Poder Ejecutivo para propiciar acciones vinculares, coordinación y fortalecimiento institucional. En la discusión del presupuesto de egresos para el siguiente año se notará el interés del Congreso en la materia. 

En el Poder Ejecutivo existe un gran esfuerzo en la materia que puede mejorarse, la configuración de la Administración Pública Estatal nos habla de una intención por impulsar agendas en beneficio de la población específicamente en reducir la desigualdad y ampliar las libertades individuales, pero existen asignaturas pendientes en la Fiscalía que, si bien es autónoma del Ejecutivo estatal, tiene una vinculación fuerte, basta recordar (siempre es necesario recordar) lo ocurrido el 5 de junio pasado, las acciones que se anunciaron y lo que en verdad sucedió. También es necesario seguir diseñando políticas públicas con perspectiva de género y atendiendo a la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos. De nuevo, la coordinación y la sensibilidad son fundamentales para un gobierno efectivo. 

También es necesario voltear a ver a los gobiernos locales, los verdaderos responsables de dotar de servicios básicos y que actúan como el primer contacto del ciudadano con el gobierno. Los ayuntamientos deben jugar un papel preponderante en la atención de los problemas de la población y ejecutar políticas públicas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas, construcción de comunidad y cultura de paz. El artículo 115 apunta a que sean precisamente los gobiernos municipales los encargados de la seguridad pública, pero sin equipamiento, capacitación y dignificación de la figura de autoridad poco o mucho se puede hacer.

El problema de las desapariciones es mucho más complejo que lo anterior, tiene causas diversas que hacen imposible encontrar una solución y que sea completamente efectiva. Pero también es inadmisible que siga faltando alguien, que incluso sea el propio Estado, cuya razón de existir reposa en proteger la vida de la población esté involucrado en estas acciones que no hacen sino dañarnos a todos.

O que sea la población la que siga atacando a los suyos y persista la impunidad, el miedo y la impotencia por el eterno reclamo de justicia. Hagamos adopta como uno de sus principios la igualdad, que nos sitúa a todos en el mismo punto y debe procurar al menos, las mismas condiciones para que cada uno de nosotros construya su camino en la vida. La igualdad nos ata unos a otros y nos obliga a vivir en sociedad y procurarnos el bienestar, la igualdad libera y dignifica, la igualdad obliga a la responsabilidad compartida de protegernos, de indignarnos y de actuar cuando la injusticia acecha. 

Salvador Carrillo García

SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN JALISCO

AL GOBERNADOR DE JALISCO, A LA LXII LEGISLATURA Y A LA SOCIEDAD DE JALISCO.

Pasa el tiempo, y en Jalisco no pasa nada. En el marco de la conmemoración de la desaparición forzada; no podemos olvidar que hablamos de uno de los delitos más graves y dolorosos que existen y que nuestra entidad vive una situación compleja respecto de este. Jalisco ocupa el 2o lugar nacional en número de personas desaparecidas o no localizadas, representando los casos locales el 15.11% del total en México.

Ya son casi dos meses de que de la propia Fiscalía, organismo que existe para la procuración de seguridad y justicia de la ciudadanía, se perpetró este delito por parte de integrantes de la misma, en sus instalaciones y con sus equipos. Hasta hoy no conocemos la depuración por la supuesta infiltración ni existen castigos claros. Parece que la apuesta es el olvido.

En Hagamos creemos que la manera de resistir y dar honor a las víctimas de este delito es precisamente no olvidar. Debemos tener consciencia de su gravedad y respaldar algunas de las demandas que desde la organización de las víctimas se han venido formulando.

Por eso exhortamos a la LXII Legislatura a los siguientes puntos:

  1. Actuar con sensibilidad desde el poder público, sin ignorar ni desacreditar sus demandas, deben ser informados de todos los avances y acuerdos.
  2. No dictaminar ni promulgar ley alguna sin intermediar el diálogo y poner en el centro del debate a las víctimas de este delito.
  3. Crear un marco normativo que le permita a los poderes ejecutivo y judicial mejorar sus herramientas de identificación y búsqueda de personas desaparecidas, así como procesar de manera más sencilla, siempre en apego al debido proceso, a responsables de este delito.

Al Poder Ejecutivo de Jalisco le proponemos los siguientes puntos:

  1. Contemplar un incremento en el presupuesto de egresos del 2021 para ampliar las capacidades de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, invirtiendo en capital humano y tecnología.
  2. Depurar a las policías y Fiscalía haciendo efectivas las pruebas de control de confianza y capacitar a las corporaciones en el respeto a los Derechos Humanos con perspectiva de género y la no-revictimización de personas.
  3. Presentar las acciones a las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas.

La respuesta nos exige unión a todos los sectores sociales: víctimas, colectividades, sociedad, el poder político y la iniciativa privada. Es necesario trabajar contra la normalización de la violencia; mantener la falta de respeto a la vida y dignidad humana

es insostenible, seguir tratando a las personas desaparecidas como cifras es una realidad que no queremos porque en ella solo pasa el tiempo y no pasa nada.

Atentamente: Hagamos Jalisco

Cubrebocas para todas las personas. Hagamos que suceda.

  • Se propone la implementación de una política pública dirigida a la población más vulnerable para el acceso gratuito de cubrebocas.
  • Por cada persona que este en terapia intensiva se pueden dotar de cubrebocas a 672 Jaliscienses.

La Agrupación Política Estatal Hagamos, anunció la iniciativa: Cubre-bocas para todas las personas que contempla una ruta estratégica para lograr proveer de cubrebocas de manera gratuita a los sectores más vulnerables de la población Jalisciense y que esta se convierta en una política pública en el Estado.

Al inicio de la presentación, Ileana Sánchez Carlón, Coordinadora de Participación Social de Hagamos, contextualizó la situación de la pandemia al día de hoy, apuntando lo siguiente: “En materia de salud tienen que ver con los siguientes datos: Al día de hoy tenemos 531,239 contagios y 57,774 fallecimientos a nivel nacional, 40,587 contagios y 2,016 fallecimientos en Jalisco de acuerdo a Radar Jalisco”

También señaló los problemas del sector económico con datos del CONEVAL: “Las personas que no pueden adquirir una canasta básica pueden pasar de 37.3% a 45.8%, el 71% de las personas fallecidas tenían como estudio máximo la primaria y el 46% realizaban algún tipo de actividad no remunerada.”

Por su parte la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila habló de la medida de prevención más importantes: “Usar un cubrebocas como el KN95, reduciría la reproducción del virus del 4% al 1%”. Además, Valeria Ávila hizo un comparativo de costos en Jalisco: “¿Qué pasaría si dotamos a una persona de cubrebocas tricapa por 7 meses?, tendría un costo promedio en el mercado de $773.50MXN, pero en comparativa, si una persona llegara a estar en terapia intensiva por coronavirus, el costo sería de $520,355.50 MXN.”

Al concluir su intervención apuntó: “La vida de una persona no tiene precio, sin embargo, si lo ponemos en una balanza, es mejor usar el cubrebocas como una herramienta de prevención, a esperar a que alguna persona llegue a terapia intensiva”

Por su parte Ernesto Gutiérrez, presidente de la Agrupación Política Hagamos, expuso la iniciativa: “La propuesta de hoy tiene como objetivo conciliar las partes que ya se han expuesto respecto a los problemas de salud y las muertes lamentables que hemos tenido a nivel nacional y local, así como la necesidad de reactivar la economía. Nuestra propuesta consiste en convertir esto que nació como una campaña de cubrebocas bien puesto a una política pública focalizada a los sectores más vulnerables de nuestra entidad.”

Además, el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez resumió en tres puntos claves la iniciativa

Cubrebocas bien puesto: “El primero, es que con esta iniciativa garantizaríamos a las personas de Jalisco el ejercicio de su derecho constitucional a la salud,; Segundo, cubriríamos a más de tres millones de personas que como ya se mencionó, de acuerdo al CONEVAL, viven debajo de la línea de bienestar; Tercero, podemos construir indicadores, podemos presupuestar la campaña y podemos medir su efectividad”

Finalmente Ernesto hizo un llamado a los poderes públicos, sociedad civil e iniciativa privada, señalando lo siguiente: poder ejecutivo: le pedimos al gobernador que instruya a su gabinete a diseñar una política que venga incluida en el paquete presupuestal del año entrante y que contemple que este sector focalizado tenga acceso a estas herramientas; al poder legislativo que si esta iniciativa llega presupuestada para el año 2021, se logren todos los acuerdos políticos que sean necesarios para que esta idea cuente con los recursos y reglas de operación claras; Tercero: que la Iniciativa Privada la difunda y sea centro de acopio para recabar cubrebocas y donarlos a la población vulnerable. Para esto será indispensable que sigan con el altruismo que han demostrado y reconocemos públicamente, pero que también nos ayuden con su infraestructura para que se conviertan en puntos de acopio; Cuarto: que las Universidades contribuyan con el diseño de la política pública. Además de que sean centros de acopio para recabar cubrebocas.”