Será presentada ante el pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas.

• La diputada Mara Robles y el diputado Enrique Velázquez aceptaron presentar la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas que pretende regular la Designación de Cargos públicos.

En rueda de prensa llevada a cabo en el Congreso del Estado de Jalisco, la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz, acompañada del Diputado Enrique Velázquez, la Diputada Mara Robles y el presidente de la Agrupación Política Hagamos, Ernesto Gutiérrez, anunció la presentación de la Iniciativa de Ley #SinCuatesNiCuotas ante el pleno del congreso del Estado, misma que consiste en reformar la Constitución Política del estado de Jalisco, la Ley orgánica del Poder Legislativo y algunos marcos normativos secundarios, con el fin de acabar con las cuotas partidistas y abrirle la puerta a procesos de Designaciones Públicas más transparentes y democráticos.

Por la falta del Consejo General de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, tomando en cuenta la elección en puerta de 9 magistrados, y ante la poca claridad y disposición para instalar el Consejo que permite hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana en Jalisco, la Diputada Mara Robles y el Diputado Enrique Velázquez aceptaron la propuesta de Iniciativa de Ley promovida por la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz para que pueda tener un proceso de discusión y en su caso sea aprobada por el bien de las y los jaliscienses.

La Iniciativa de Ley para la Designación de Cargos Públicos contempla los siguientes 10 puntos:

1. No habrá designaciones, sin cumplir requisitos.

La iniciativa plantea que, si no se cumplen los requisitos constitucionales o de la convocatoria, el procedimiento debe declararse desierto y deberá reponerse.

2. Abrirle la puerta a más jaliscienses.

Se identificó que son casi siempre las mismas personas quienes participan en los procesos de designación. Para solucionarlo se propone un registro digital de aspirantes que abra la puerta a personas del interior del estado.

Lo cual generaría una mayor posibilidad de encontrar profesionistas de mejores competencias y detonaría una participación ciudadana suficiente.

3. Observación ciudadana permanente.

La Iniciativa contempla que la participación de personas o instituciones observadoras no sean una opción, sino parte obligada de todas las designaciones. Esto contribuye de manera profunda a que estos procesos se sometan a la máxima transparencia.

4. Involucramiento del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAC).

El CPS ha sido un organismo de eficacia y autonomía probadas, por eso, al igual que la observación ciudadana la iniciativa contempla su participación permanente en estos procesos; esto además de aportar claridad de lineamientos y confianza, puede contribuir a la consolidación del SEAC.

5. Creación de un catálogo claro y preciso.

Se establecerá de manera técnica un listado en sintonía con la Constitución local en cuanto a sus atribuciones soberanas en las designaciones del Legislativo.

Esto facilitará entender cada uno de los cargos, sus características propias y sobre todo hará más accesible la consulta de los procedimientos.

6. Creación de una convocatoria base para todas las designaciones.

Uno de los problemas actuales es que, cada vez que se debe designar un cargo, se debe construir una convocatoria nueva, con criterios originales. Esta propuesta implica que siempre tengan los mínimos elementos en todas, y se establezca una estructura homogénea para definir una ruta a la que se deberán de circunscribir.

7. Procedimiento único.

La claridad y el orden que aporta esta iniciativa al visibilizar un solo procedimiento en el Congreso del Estado tiene por efecto generar certeza jurídica para la ciudadanía, para las y los legisladores, así como para quienes participan de las convocatorias.

8. Evaluaciones con rigor metodológico.

Los mecanismos de evaluación son indispensables, por ello esta iniciativa los contempla, los incluye en todas las designaciones y establece que, al ser distintos entre sí los requerimientos y características de cada cargo, se deberá hacer un análisis profundo sobre las necesidades técnicas y de aptitud. Todo lo anterior con la participación de instituciones educativas y de certificación de evaluaciones.

9. Vinculación y armonización de la Constitución con las normas.

Uno de los problemas actuales es la poca certeza que brinda la escasa vinculación normativa.

Esta iniciativa corrige ese problema y genera armonización vertical y horizontal, generando así más confianza y solidez en la aplicación de los procedimientos de designación, desde la legalidad en el origen se fortalece la estructura legislativa.

10. Parlamento abierto.

Se solicitará que esta propuesta se abra a la participación de las y los jaliscienses a través de plataformas de parlamento abierto, no solo para recibir propuestas, sino para propiciar el intercambio de argumentos, piedra angular de la vida en democracia.

EL ESTADO ANTE LAS DESAPARICIONES.

Desde que el gobierno federal decidió afrontar al crimen organizado en 2006 y la consecuente escalada de violencia que vive nuestro país ha cambiado en muchos sentidos la manera en que nos hemos acostumbrado a vivir y el miedo parece ser generalizado. Pero además del combate al crimen se recrudeció otra manifestación de violencia, la de la desaparición forzada, la del propio Estado lanzándose en contra de la población que debe proteger. 

Las desapariciones forzadas se hacían presentes en las dictaduras latinoamericanas y en nuestro país en la década de los setentas, generalmente por cuestiones políticas y recientemente, a la vinculación de personas con grupos delictivos. Pero la constante es la misma, se trata del Estado que, deliberadamente y en un ambiente de impunidad utiliza sus recursos e instituciones para borrar de la faz de la tierra a una persona sin que exista una responsabilidad por parte de las autoridades. La diferencia radica en que en la actualidad, las desapariciones parecen motivadas por el efecto del crimen organizado que por afinidades políticas y que se presentan entre agentes del Estado contra particulares (desaparición forzada) y grupos delictivos contra particulares (desaparición).

En fechas recientes se dio a conocer que el estado de Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, las notas periodísticas consigan el descubrimiento de fosas clandestinas y una saturación del servicio forense estatal que impide dar atención y respuesta a los familiares de las víctimas. ¿Qué se puede hacer al respecto? En Hagamos creemos que la problemática que padecemos pude tener su origen en la desigualdad que se ha marcado en las últimas décadas y que detona conductas ilegales, la espiral de violencia sigue en aumento y rebasa la capacidad del Estado para responder a algo que simplemente nadie había estado preparado. La respuesta podría estar en el fortalecimiento de las instituciones y en reducir las condiciones de desigualdad que prevalecen en la mayoría de la población. Y para todo esto se requiere sensibilidad, coordinación y voluntad política. Algunos apuntes pueden ir en los siguientes puntos: 

En el Poder Legislativo se encuentran tres leyes en torno a la desaparición y sus víctimas, desgraciadamente los legisladores omitieron el diálogo con los familiares de los desaparecidos para el proceso de hechura de las leyes. Apelar a la sensibilidad de quienes se encargan de diseñar el marco jurídico y escuchar los reclamos de quienes buscan respuestas y justicia puede contribuir a una serie de instrumentos legales consensuados y legitimados, la propia legislación estatal estipula figuras de participación social como el parlamento abierto que pueden aprovecharse. También puede analizarse el papel de organismos como la CEDHJ, el IJCF y las dependencias del Poder Ejecutivo para propiciar acciones vinculares, coordinación y fortalecimiento institucional. En la discusión del presupuesto de egresos para el siguiente año se notará el interés del Congreso en la materia. 

En el Poder Ejecutivo existe un gran esfuerzo en la materia que puede mejorarse, la configuración de la Administración Pública Estatal nos habla de una intención por impulsar agendas en beneficio de la población específicamente en reducir la desigualdad y ampliar las libertades individuales, pero existen asignaturas pendientes en la Fiscalía que, si bien es autónoma del Ejecutivo estatal, tiene una vinculación fuerte, basta recordar (siempre es necesario recordar) lo ocurrido el 5 de junio pasado, las acciones que se anunciaron y lo que en verdad sucedió. También es necesario seguir diseñando políticas públicas con perspectiva de género y atendiendo a la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos. De nuevo, la coordinación y la sensibilidad son fundamentales para un gobierno efectivo. 

También es necesario voltear a ver a los gobiernos locales, los verdaderos responsables de dotar de servicios básicos y que actúan como el primer contacto del ciudadano con el gobierno. Los ayuntamientos deben jugar un papel preponderante en la atención de los problemas de la población y ejecutar políticas públicas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas, construcción de comunidad y cultura de paz. El artículo 115 apunta a que sean precisamente los gobiernos municipales los encargados de la seguridad pública, pero sin equipamiento, capacitación y dignificación de la figura de autoridad poco o mucho se puede hacer.

El problema de las desapariciones es mucho más complejo que lo anterior, tiene causas diversas que hacen imposible encontrar una solución y que sea completamente efectiva. Pero también es inadmisible que siga faltando alguien, que incluso sea el propio Estado, cuya razón de existir reposa en proteger la vida de la población esté involucrado en estas acciones que no hacen sino dañarnos a todos.

O que sea la población la que siga atacando a los suyos y persista la impunidad, el miedo y la impotencia por el eterno reclamo de justicia. Hagamos adopta como uno de sus principios la igualdad, que nos sitúa a todos en el mismo punto y debe procurar al menos, las mismas condiciones para que cada uno de nosotros construya su camino en la vida. La igualdad nos ata unos a otros y nos obliga a vivir en sociedad y procurarnos el bienestar, la igualdad libera y dignifica, la igualdad obliga a la responsabilidad compartida de protegernos, de indignarnos y de actuar cuando la injusticia acecha. 

Salvador Carrillo García

SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN JALISCO

AL GOBERNADOR DE JALISCO, A LA LXII LEGISLATURA Y A LA SOCIEDAD DE JALISCO.

Pasa el tiempo, y en Jalisco no pasa nada. En el marco de la conmemoración de la desaparición forzada; no podemos olvidar que hablamos de uno de los delitos más graves y dolorosos que existen y que nuestra entidad vive una situación compleja respecto de este. Jalisco ocupa el 2o lugar nacional en número de personas desaparecidas o no localizadas, representando los casos locales el 15.11% del total en México.

Ya son casi dos meses de que de la propia Fiscalía, organismo que existe para la procuración de seguridad y justicia de la ciudadanía, se perpetró este delito por parte de integrantes de la misma, en sus instalaciones y con sus equipos. Hasta hoy no conocemos la depuración por la supuesta infiltración ni existen castigos claros. Parece que la apuesta es el olvido.

En Hagamos creemos que la manera de resistir y dar honor a las víctimas de este delito es precisamente no olvidar. Debemos tener consciencia de su gravedad y respaldar algunas de las demandas que desde la organización de las víctimas se han venido formulando.

Por eso exhortamos a la LXII Legislatura a los siguientes puntos:

  1. Actuar con sensibilidad desde el poder público, sin ignorar ni desacreditar sus demandas, deben ser informados de todos los avances y acuerdos.
  2. No dictaminar ni promulgar ley alguna sin intermediar el diálogo y poner en el centro del debate a las víctimas de este delito.
  3. Crear un marco normativo que le permita a los poderes ejecutivo y judicial mejorar sus herramientas de identificación y búsqueda de personas desaparecidas, así como procesar de manera más sencilla, siempre en apego al debido proceso, a responsables de este delito.

Al Poder Ejecutivo de Jalisco le proponemos los siguientes puntos:

  1. Contemplar un incremento en el presupuesto de egresos del 2021 para ampliar las capacidades de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, invirtiendo en capital humano y tecnología.
  2. Depurar a las policías y Fiscalía haciendo efectivas las pruebas de control de confianza y capacitar a las corporaciones en el respeto a los Derechos Humanos con perspectiva de género y la no-revictimización de personas.
  3. Presentar las acciones a las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas.

La respuesta nos exige unión a todos los sectores sociales: víctimas, colectividades, sociedad, el poder político y la iniciativa privada. Es necesario trabajar contra la normalización de la violencia; mantener la falta de respeto a la vida y dignidad humana

es insostenible, seguir tratando a las personas desaparecidas como cifras es una realidad que no queremos porque en ella solo pasa el tiempo y no pasa nada.

Atentamente: Hagamos Jalisco

Cubrebocas para todas las personas. Hagamos que suceda.

  • Se propone la implementación de una política pública dirigida a la población más vulnerable para el acceso gratuito de cubrebocas.
  • Por cada persona que este en terapia intensiva se pueden dotar de cubrebocas a 672 Jaliscienses.

La Agrupación Política Estatal Hagamos, anunció la iniciativa: Cubre-bocas para todas las personas que contempla una ruta estratégica para lograr proveer de cubrebocas de manera gratuita a los sectores más vulnerables de la población Jalisciense y que esta se convierta en una política pública en el Estado.

Al inicio de la presentación, Ileana Sánchez Carlón, Coordinadora de Participación Social de Hagamos, contextualizó la situación de la pandemia al día de hoy, apuntando lo siguiente: “En materia de salud tienen que ver con los siguientes datos: Al día de hoy tenemos 531,239 contagios y 57,774 fallecimientos a nivel nacional, 40,587 contagios y 2,016 fallecimientos en Jalisco de acuerdo a Radar Jalisco”

También señaló los problemas del sector económico con datos del CONEVAL: “Las personas que no pueden adquirir una canasta básica pueden pasar de 37.3% a 45.8%, el 71% de las personas fallecidas tenían como estudio máximo la primaria y el 46% realizaban algún tipo de actividad no remunerada.”

Por su parte la vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila habló de la medida de prevención más importantes: “Usar un cubrebocas como el KN95, reduciría la reproducción del virus del 4% al 1%”. Además, Valeria Ávila hizo un comparativo de costos en Jalisco: “¿Qué pasaría si dotamos a una persona de cubrebocas tricapa por 7 meses?, tendría un costo promedio en el mercado de $773.50MXN, pero en comparativa, si una persona llegara a estar en terapia intensiva por coronavirus, el costo sería de $520,355.50 MXN.”

Al concluir su intervención apuntó: “La vida de una persona no tiene precio, sin embargo, si lo ponemos en una balanza, es mejor usar el cubrebocas como una herramienta de prevención, a esperar a que alguna persona llegue a terapia intensiva”

Por su parte Ernesto Gutiérrez, presidente de la Agrupación Política Hagamos, expuso la iniciativa: “La propuesta de hoy tiene como objetivo conciliar las partes que ya se han expuesto respecto a los problemas de salud y las muertes lamentables que hemos tenido a nivel nacional y local, así como la necesidad de reactivar la economía. Nuestra propuesta consiste en convertir esto que nació como una campaña de cubrebocas bien puesto a una política pública focalizada a los sectores más vulnerables de nuestra entidad.”

Además, el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez resumió en tres puntos claves la iniciativa

Cubrebocas bien puesto: “El primero, es que con esta iniciativa garantizaríamos a las personas de Jalisco el ejercicio de su derecho constitucional a la salud,; Segundo, cubriríamos a más de tres millones de personas que como ya se mencionó, de acuerdo al CONEVAL, viven debajo de la línea de bienestar; Tercero, podemos construir indicadores, podemos presupuestar la campaña y podemos medir su efectividad”

Finalmente Ernesto hizo un llamado a los poderes públicos, sociedad civil e iniciativa privada, señalando lo siguiente: poder ejecutivo: le pedimos al gobernador que instruya a su gabinete a diseñar una política que venga incluida en el paquete presupuestal del año entrante y que contemple que este sector focalizado tenga acceso a estas herramientas; al poder legislativo que si esta iniciativa llega presupuestada para el año 2021, se logren todos los acuerdos políticos que sean necesarios para que esta idea cuente con los recursos y reglas de operación claras; Tercero: que la Iniciativa Privada la difunda y sea centro de acopio para recabar cubrebocas y donarlos a la población vulnerable. Para esto será indispensable que sigan con el altruismo que han demostrado y reconocemos públicamente, pero que también nos ayuden con su infraestructura para que se conviertan en puntos de acopio; Cuarto: que las Universidades contribuyan con el diseño de la política pública. Además de que sean centros de acopio para recabar cubrebocas.”

Instalación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

En días recientes la agrupación política Hagamos acompañó la iniciativa Sin Cuates ni Cuotas cuya representante común, la ciudadana Rosa Imelda Hernández Muñoz, promovió para regular las designaciones públicas, privilegiando las evaluaciones técnicas y de aptitudes por encima de las relaciones con partidos políticos.

Desde nuestra agrupación decidimos respaldar esta iniciativa y ayudar a conseguir las firmas establecidas por la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, porque creemos que un método claro y transparente de designaciones puede evitar procesos enrarecidos y le permiten a Jalisco que las personas mejor preparadas sean las que ocupen los cargos.

No sobra decir que en medio de una pandemia que ha reducido drásticamente la movilidad social, se optó por medidas de nulo contacto físico para la recolección de firmas y aún así fueron más de 34,000 personas las que respaldaron esta iniciativa, dejando en claro que siguen existiendo condiciones para la participación y que hay un ánimo social para llevar a cabo esta iniciativa.

Sin embargo, y al margen del contenido de esta, durante el proceso quedaron en evidencia algunas deficiencias graves que deben ser corregidas y tomadas en consideración respecto de la propia ley, mismas que enuncio a continuación y que les solicito puedan tener en consideración para su inmediata atención:

  1. Se deben establecer plazos concretos para que el IEPC revise las firmas de respaldo a las iniciativas.
  2. De la misma manera, los mecanismos de participación ciudadana deben de tener plazos y periodos de discusión determinados una vez que llegan al Congreso.
  3. Es necesario contemplar mecanismos alternativos de respaldo a iniciativas que no impliquen el contacto directo entre personas; esto a razón de la presente pandemia que de ninguna manera puede detener los mecanismos de Participación Ciudadana. Pero también porque la tecnología permite medios menos contaminantes y más accesibles para la sociedad.
  4. Es urgente instalar de manera inmediata el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, cuya convocatoria fue declarada desierta hace casi un año y mantiene a los mecanismos de participación “atorados”.
  5. Se debe generar un acuerdo o medio para que, en tanto no esté instalado dicho Consejo, se pueda dar trámite directo del IEPC al Congreso, y que el actual vacío no represente un freno de facto a la participación ciudadana.

Este último punto es indispensable para no detener uno de los pilares de la gobernanza y de los mecanismos modernos de gestión: la participación social.

En Hagamos desconocemos las razones por las cuales este consejo siga sin instalarse, sin embargo, ejercicios recientes como el de la iniciativa Sin Cuates ni Cuotas, demuestran que existe la voluntad de la sociedad de involucrarse en asuntos públicos y estos procesos no pueden detenerse por omisiones o falta de acuerdos.

Desapariciones forzadas: entre las cifras y lo humano.

¿Cómo se vive con miedo?, ¿cómo se vive con desconfianza?, ¿cómo se vive con angustia e incertidumbre?, ¿cómo se vive sin respuestas?, ¿cómo se vive en un lugar sin paz?, ¿cómo se vive con el dolor y la desesperación de no saber si algún día le verás nuevamente?, ¿cómo se vive ante la lucha constante buscando justicia?, ¿cómo se sobrevive luchando por que no se olvide a nuestras personas desaparecidas?

Cuando escuchamos hablar de desapariciones forzadas, lo que escuchamos normalmente son números, números que nos determinan la situación fallida en la que nos encontramos como humanidad, números que nos hablan de un Estado rebasado ante la situación tan crítica en materia de seguridad y acceso a la justicia, números que nos indican la nula garantía de nuestros derechos humanos.

De acuerdo al Índice de Paz México 2020 (IPM) elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en 2019 el índice de paz a nivel nacional tuvo un retroceso del 4.3% debido al incremento considerable en actividades delictivas, teniendo estas una tasa de aumento del 24.3%, pero no solo eso, sino que de los 33 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país que cuenta con el menor nivel de inversión en seguridad y sistema judicial, sumando con ello al aumento sobre la percepción de falta de estado de derecho y corrupción, ocupando el lugar 128 de 163 en cuanto a control de la corrupción, de acuerdo al Fondo Económico Mundial (FEM).

En México tenemos miedo; sumando a los datos anteriores, este informe sobre el Índice de Paz, señala a la inseguridad como la mayor preocupación que tenemos los y las mexicanas, propiciando que vivamos con miedo constante e incertidumbre al no tener claridad respecto de las acciones que los estados están implementando para garantizar no solo su seguridad, sino la salvaguarda de sus derechos humanos.

De los 32 Estados de la República, Jalisco en el 2019 se situó en el lugar 20 en el ranking de calificación de entidades federativas del IPM, subiendo 3 posiciones respecto del año anterior, lo cual no representa vivas y fanfarrias si observamos los números sobre desapariciones forzadas.

México país de desaparecidos; a nivel nacional hasta julio de 2020 se contaba con un total de 73,201 personas desaparecidas o no localizadas de acuerdo a información dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), basada en datos extraídos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL). La misma CNB, informó que Jalisco se encuentra dentro de los 10 Estados con mayor reporte de personas desaparecidas o no localizadas en el periodo que comprende del 01 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020, encontrándose Jalisco en el segundo lugar con 3,234 personas desaparecidas o no localizadas de un total de 16,708, solo por debajo del Estado de México con 3,867. Lo cual indica que en Jalisco de acuerdo a lo registrado y contabilizado en el periodo mencionado desaparecen aproximadamente 162 personas por mes, y entre 5 y 6 personas diariamente.

Si, 6 personas diarias, personas, no números, por que, en el arte de gobernar, en el ejercicio de la gobernanza se trata con personas, con seres humanos, no con índices, no con estadísticas ni con símbolos numéricos que otorgan lugares en un ranking.

6 personas diarias; madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas, todos ellos seres humanos, que despertaron un día y sin pedirlo les fue arrebatado lo más preciado que tenían que era su libertad, su dignidad, sus sueños, y a algunos de ellos y ellas su vida. Por que hubo alguien que se consideró con derechos superiores, alguien que no vio impedimento alguno para silenciarle y ocultarle reduciéndole a un número, por que se encontraron frente a un Estado sin las agallas para responder, un Estado insensible, que responde a las solicitudes y demandas sociales con detenciones arbitrarias y desapariciones como las ocurridas el pasado 04 de junio de 2020 en Jalisco.

6 personas diarias; 6 personas que tienen el derecho a ser llamadas cada una por su nombre, que tienen derecho a ser localizadas; 6 personas con familia, familia que tiene derecho a saber la verdad, a ser escuchada, a recibir la información que sea necesaria, y a no vivir una vida siendo victimizada por la ineficacia, ineficiencia e insensibilidad de un Estado que sigue sin encontrarse preparado para otorgar las respuestas necesarias y atención adecuada.

Y ya que hablamos de seres humanos, hablemos de aquellos que se desempeñan en la función pública y que requieren de capacitación, de pasar por un proceso de sensibilización, que requieren hacerse de herramientas informativas, que necesitan humanizarse, ponerse en el lugar de los familiares (empatía le llaman), familiares que cansados ya de buscar a sus desaparecidos y con ellos también respuestas, solo esperan un poco de certeza, palabras de aliento, y saber que en quienes están poniendo toda su esperanza y fe para encontrar a sus seres queridos, darán todo de si por que llegue el día en que la justicia se haga presente. 

Es necesario repensar, replantear y reconsiderar el manejo que se está otorgando a la agenda sobre desapariciones forzadas, se necesitan humanizar los procesos, otorgarle rostro y nombre a quienes han desaparecido, cuidando, protegiendo y garantizando en todo momento los derechos humanos de todos y todas las involucradas.

Igualdad, igualdad en toda la extensión de la palabra, igualdad de condiciones para recibir atención e información; igualdad de oportunidades para acceder a un sistema de justicia hoy en día elitista y “favoritista”, con un bajo índice de credibilidad y confianza de acuerdo a los datos arrojados por el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 elaborado por World Justice Project (WJP), que sitúa a Jalisco en el puesto 26 de 32, calificando con una puntuación del 0.32 y 0.33 de 1.0, la justicia civil y penal respectivamente; igualdad como derecho humano de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Igualdad sobre todo lo mencionado y mas, ante un contexto social tan desigual en un sinfín de aspectos, eso es lo que definitivamente nos falta, lo que los y las dolientes de personas desaparecidas necesitan.

Los momentos catárticos son momentos idóneos para de-construir y reconstruir, y es este momento de “nueva normalidad” “el momento”; busquemos que se prioricen los derechos humanos, que se priorice a la persona humana, que se prioricen esfuerzos en pro de la colectividad que generen e impulsen condiciones de igualdad, que el esfuerzo de cientos de familiares exigiendo justicia sea materializado, hagamos que vivir el hoy y el ahora valga la pena.  

Violeta Sandoval
@yazsandoval

Coordinadora Derechos Humanos

La realidad en el transporte público

Sería irresponsable dejar de hablar sobre los riesgos sanitarios que la ciudadanía enfrenta todos los días al utilizar el transporte público.
Jalisco no solo es uno de los estados más poblados del país sino que además, es una de las economías más importantes. Según las cifras de INEGI, nuestro estado aporta a la federación poco más del 7% del PIB nacional y cuenta con una población que supera los 8 millones de personas, de las cuales, casi la mitad es considerada población económicamente activa por el propio IIEG.

Estas cifras reflejan el gran reto de movilidad al que nos enfrentamos en el estado. Si a lo anterior sumamos que la mayoría no cuenta con algún tipo de vehículo privado y que para trasladarse por la ciudad tienen que recurrir al transporte público y peor aún, que tan solo el 0.3% del total de vehículos de motor registrados en Jalisco son camiones pasajeros (INEGI, 2017), podemos entonces dimensionar una problemática que no es nueva pero que con la pandemia ha recrudecido: la insuficiencia en el número de unidades y la consecuente saturación del transporte público.

Para muestra un botón: tan solo en la ciudad de Guadalajara durante el mes de mayo del año en curso, 1 millón 614 mil 942 personas hicieron uso de este tipo de transporte (INEGI).

La reactivación económica ha sido necesaria debido a otra problemática que tampoco es nueva y con la pandemia también ha recrudecido: los índices de pobreza, desigualdad y precariedad laboral, mismos que han obligado a miles a salir de casa. En este contexto, retomar el uso del transporte público se volvió inevitable pero también sumamente peligroso debido a la exposición de las personas al virus SARS-CoV-2, o como seguramente más lo hemos escuchado: Coronavirus.

El transporte público se ha vuelto un foco de infección, ya que si bien se han aplicado medidas y recomendaciones sanitarias, han sido insuficientes. Del llamado a la colaboración el gobierno pasó a la implementación de medidas punitivas, tan solo durante el mes de julio, el número de multas a choferes de las unidades por incumplimiento de las medidas sanitarias superaron las 200 multas.

El virus al que nos enfrentamos, va de persona a persona, de persona a objetos y de esos objetos inanimados a otras personas, un círculo vicioso, que solo podemos evitar con algunas herramientas de distanciamiento social, de insumos como cubrebocas, gel antibacterial y el continuo lavado de manos las cuales necesitan disciplina y colaboración para ser efectivas y salvaguardar la salud de las y los usuarios, así como del personal que opere las unidades del transporte público.

Los botones de emergencia estatales y los semáforos federales, son prueba de la extenuante incertidumbre a la cual ha sido sometido nuestro estado y el país entero. Por ello, tenemos obligaciones puntuales: exigir que los gremios públicos y privados puedan coordinar acciones para que el uso del transporte público no sea un riesgo. Como sociedad civil debemos encaminar nuestras acciones basándonos en la solidaridad y el respeto con todas y todos los demás.

Si cuidamos de nosotras y nosotros mismos, estamos cuidando de las y los demás. Al sector privado, le compete lograr escalonar los horarios de entradas y salidas de empresas y negocios para disminuir el número de personas que viajan por unidad. Y por otro lado, el sector público tiene la responsabilidad de vigilar que las medidas sanitarias se cumplan. En la medida que giren todos los engranes de estas estrategias, lograremos no solo disminuir los contagios, si no también salvar la vida de miles de jaliscienses.

Valeria Ávila. @avila93_

HAGAMOS UN ACUERDO POR LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.

Al gobernador de jalisco, a la lxII LEGISLATURA Y A LA SOCIEDAD DE JALISCO.

De acuerdo con información reciente, Jalisco se encuentra en 2º lugar nacional en número de personas desaparecidas o no localizadas, representando los casos locales el 15.11% del total en México. Contando con que estas cifras no cuenta el número negro y son, por lo menos, conservadoras.

En días recientes diversas organizaciones civiles, mayoritariamente de familias de personas desaparecidas, se  han manifestado con legítimas exigencias. Además, le han hecho en el marco de los primeros dos meses de delitos de desaparición forzado cometidos por elementos de la misma fiscalía.

En Hagamos creemos que estas demandas deben ser atentidas y que, en términos generales, hace falta un pacto entre poderes y sociedad que resulte en hacer más robusto el papel del Estado y de construir colectivamente a una serie de soluciones que sean de la misma dimensión que el problema.

Para eso exhortamos al gobernador de Jalisco y a la a LXII Legislatura a convocar y coordinar un gran pacto que considere por lo menos los siguientes puntos:

  1. Involucrar activa y profundamente a toda la sociedad de Jalisco en la resolución del problema: víctimas, colectividades, sociedad, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, partidos y organizaciones políticas, así como la iniciativa privada.
  2. No dictamninar ni promulgar ley alguna sin intermediar el diálogo y poner en el centro del debate a las víctimas de este delito. Hacer valer el reciente acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
  3. Actuar con sensibilidad desde el poder público: no se le debe brindar información a las familias hasta que presionan con manifestaciones públicas, no se les puede ignorar a la hora de legislar y no se les debe intentar desacreditar desde el poder.
  4. Crear un marco normativo que le permita a los poderes ejecutivo y judicial mejorar sus herramientas de identificación y búsqueda de personas desaparecidas, así como procesar de manera más sencilla, siempre en apego al debido proceso, a responsables de este delito.
  5. Capacitar a elementos de las policías y  Fiscalía en el respeto a los Derechos Humanos con perspectiva de género y la no-revictimización de personas. Es importante que desde que se recibe la denuncia hasta la conclusión de las carpetas de investigación, se haga con respeto al dolor de las personas.
  6. Desarrollar métodos accesibles, sencillos y seguros para la denuncia; además hacer sinergia con partidos y organizaciones políticas, iniciativa privada y medios de comunicación para generar una cultura de denuncia.
  7. Depurar la Fiscalía y corporaciones policiacas en aras de recuperar su credibilidad y garantizar un acceso verdadero a una búsqueda efectiva.
  8. Invertir más y mejor en el capital humano, tecnología y ampliación las capacidades de las instancias de búsqueda e identificación.
  9. Construir campañas colectivas en contra de la normalización del fenómeno. No podemos permitirnos el lujo de seguir manejando como cifras la terrible realidad en que estamos viviendo.

Atentamente;
Hagamos

HAGAMOS EL TRANSPORTE SEGURO

El transporte público es una de las actividades esenciales para el desarrollo de toda sociedad ya que permite desplazarse para realizar tareas esenciales a nivel personal y colectivo, por eso el cuidado del funcionamiento del sistema de transporte público y masivo tiene efectos directos en el bienestar de una comunidad.

Del funcionamiento del transporte dependen múltiples sistemas como el desarrollo económico, la salud, la educación y el ocio entre otras. Por estas razones, la manera de cuidar el buen funcionamiento del sistema es vital. .

A raíz de la pandemia producida por la transmisión del virus SARS-COV-2 y de la enfermedad COVID- 19, se ha dado a conocer información que plantea que los sistemas de transporte público son considerados ambientes de alto riesgo para el contagio, solo detrás de los hospitales.

Diversos liderazgos sociales y de la iniciativa privada se han pronunciado respecto de las medidas sanitarias para el transporte público. Por ejempllo, empresarios e industriales han exigido al gobierno de Jalisco modifique la estrategia implementada en el Transporte público masivo contra el coronavirus11. Ya que el transporte público se ha convertido en un factor importante para la transmisión del COVID-19.

Es necesario reforzar las medidas que han sido implementadas, profundizar sus alcances e incolucrar a más sectores de la sociedad de Jalisco, para que Hagamos el transporte público seguro.

Para ello desarrollaremos las siguientes propuestas:

1.- Garantizarle condiciones óptimas de trabajo a las personas operadoras del Transporte Público. 

  • Considerarles un trabajo esencial y alta exposición a contagios. 
  • Realizarles pruebas frecuentes y seguimiento epidemiológico a casos positivos y sus familias. 
  • Desarrollar campañas de reconocimiento a su labor e incentivos.  

2.- Distribuir cubre bocas y materiales informativos en paraderos., reforzando así y dirigir la estrategia de #CubreBocasBienPuesto  

3.- Intensificar las supervisiones, manteniendo la transparencia y dando seguimiento a las sanciones aplicadas. 

4.- Establecer un verdadero diálogo con empresas y negocios para garantizar verdaderamente el ingreso escalonado y reducir la afluencia de personas en la vía pública y la saturación en las unidades. 

5.- Respeto a los derechos laborales, enfatizando en garantizar el acceso a la salud pública y atención, incapacidades y pago de salarios a personas enfermas de COVID-19 y evitar a toda costa actos de discriminación y despidos injustificados y, en caso de presentarse, acciones eficientes por parte de las autoridades. 

6.- Difundir más intensamente desde el gobierno, iniciativa privada y sociedad medidas claras de comportamiento en el transporte y medios de reporte accesibles para cuando estos no estén operando. 

Hagamos se suma a campaña #CubreBocasBienPuesto.

Hagamos celebra y se une al esfuerzo coordinado por organismos empresariales, universidades, sindicatos, partidos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y diferentes organizaciones e instituciones jaliscienses para promover el correcto uso del cubrebocas como medida de contención a los contagios del  CoVid-19.

Entendemos y compartimos la importancia de que toda la sociedad tenga acceso a cubrebocas, además de promover su uso adecuado y seguir fomentando la cultura de la corresponsabilidad social para controlar esta enfermedad y sus efectos, que han afectado a la sociedad jalisciense.

Sabemos que la transmisión del virus, lejos de ceder, se mantiene con altos índices de contagios. No podemos ignorar que esta pandemia va dejando a su paso estragos no solamente en el tema de salud sino también en la economía de las familias Jaliscienses, esta presión ha llevado a muchas personas a una disyuntiva importante: trabajar para subsistir con el riesgo de transmisión o quedarse en casa, pero perder sus ingresos. 

Es por eso que se necesitan equilibrar de manera adecuada estos dos factores: la salud y la economía, donde es necesario seguir empleando medidas que han dado buenos resultados y que han demostrado su mayor efectividad; la otra, la reactivación económica que permita a las familias retomar sus actividades y sustento con el fin de ayudar a una recuperación que impacte positivamente en la sociedad.

¡Hagamos que la transmisión del virus se detenga!, frente al CoVid-19 estamos junt@s y traemos el #CubreBocasBienPuesto.